Carta abierta a Óscar Arias

El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado en Honduras, integrado por las diferentes expresiones organizadas en el país y unidas por la situación provocada a partir del golpe de Estado, a la comunidad nacional e internacional informa lo siguiente:
1. Reiteramos que la posición intransigente de la comisión nombrada por los golpistas hace imposible una solución exitosa de la mediación realizada en San José.
2. Estamos de acuerdo con el primer punto de la propuesta presentada por el ciudadano presidente de Costa Rica, premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, consistente en la restitución inmediata de Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República de Honduras, misma que demandamos sea de carácter incondicional.
3. Rechazamos el resto de dicha propuesta, porque no coincide con nuestros planteamientos y exigencias, lo cual argumentamos: El numeral 2 posibilita la inclusión de personas relacionadas con el golpe de Estado y, por lo tanto, que han cometido delitos de lesa humanidad. El numeral 3 significa la negación del derecho ciudadano a una democracia participativa. El numeral 4 promueve la impunidad para quienes planearon, ejecutaron y avalan el Golpe de Estado. El numeral 5 entraña la posibilidad de perpetrar un fraude electoral del cual ya se tienen claros indicios. El numeral 6 desconoce nuestro planteamiento de revisar el papel constitucional de las fuerzas armadas y su involucramiento en el golpe de Estado. El numeral 7 no tiene razón de ser, en tanto no se despejen los puntos anteriores.
4. Denunciamos la actitud de desconocimiento tácito de violación de derechos humanos de que viene siendo objeto la población por parte del gobierno de facto y sus aparatos represores, de lo cual es muestra: asesinatos, detenciones ilegales, acoso y persecución a representantes del movimiento social; medios de comunicación, periodistas y organizaciones sociales han sufrido atentados a la libertad de expresión; se han violentado los derechos individuales y fundamentales en la vida del ciudadano y ciudadana contemplados en la Constitución de la República. Denunciamos así mismo la involución que ha sufrido el país en materia de derechos humanos, militarización y acoso de comunidades como la Guadalupe Carney, en Silín, Colón; militarización de instituciones públicas y la puesta en acción de miembros de escuadrones de la muerte en todo el país; a lo cual se suma el accionar coludido del Ministerio Público, juzgados y Tribunales de la República con el gobierno de facto, lo que ha provocado un estado de indefensión de la ciudadanía.
5. Mantenemos nuestra posición de alcanzar procesos políticos incluyentes que permiten la participación democrática de hombres y mujeres, por medio de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
6. Continuamos firmes en nuestra lucha, hasta lograr la recuperación del orden institucional.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de julio de 2009